18 Feb 2016

El caso de la colusión del pollo en Chile



Diamond V

En septiembre de 2014, tres importantes empresas productoras avícolas de Chile fueron sancionadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) con multas millonarias por un delito de colusión. La justicia determinó que Agrosuper S.A. (Agrosuper), Empresas Ariztía S.A. (Ariztía) y Agrícola Don Pollo Limitada (Don Pollo) acordaron la producción nacional de la carne, otorgándose cuotas de producción para manipular precios.

Este caso ha venido a la memoria recientemente con una nueva noticia que saltaba hace varias semanas: un nuevo delito, esta vez por parte de cadenas de supermercados, para fijar un precio mínimo de venta de la carne de pollo fresco.

La fiscalía ha acusado a tres de las mayores cadenas de supermercados chilenas: Walmart (con sus marcas Lider, Ekono y aCuenta), Cencosud (Jumbo y Santa Isabel) y SMU (matriz de Unimarc), acusándolas de haberse puesto de acuerdo para fijar, a través de sus respectivos proveedores, un precio mínimo de venta de la carne de pollo fresco, entre los años 2008 y 2011.

La Fiscalía pide que las cadenas sean multadas con la cantidad máxima que permite la ley: 30.000 UTA, equivalentes a 22,9 millones de dólares. A la hora de establecer este monto como multa, la fiscalía ha tenido en cuenta la gravedad del delito, las consecuencias para el mercado y lo que han podido ganar las empresas implicadas en este aparente acuerdo, calculando una multa equivalente al 10% de las ventas de pollo en el periodo imputado, aunque ese monto superaría el máximo legal permitido.

Parece que gracias a los correos electrónicos intercambiados entre las cadenas de supermercados y los proveedores de pollose puede demostrar que se trataba de una práctica cotidiana.

La acusación consiste en que Cencosud, Walmart y SMU “actuaron bajo el conocimiento de que sus principales competidores se encontraban sujetos a idéntica regla y además fueron activos en monitorear los eventuales incumplimientos de aquélla por parte de éstos, solicitando al proveedor común su intervención a objeto de restablecer el imperio de la regla cuando se verificaba la venta de productos por debajo del precio de referencia», según se puede consultar en el requerimiento de la Fiscalía.

Por su parte, los implicados se defendían, aludiendo, por ejemplo en el caso de Walmart, que estaban analizando el requerimiento. En su comunicado afirmaban que «como empresa estamos comprometidos con la libre competencia, y por eso contamos con procesos certificados para que todas nuestras acciones se apeguen a sus principios y normativas”.



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